La policía generalmente no puede acceder a su dirección IP a menos que obtenga una orden judicial. El tribunal normalmente ordena a un proveedor de servicios de Internet, como su compañía de cable, que revele dicha información a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En ciertos casos, la policía puede utilizar medidas técnicas y de vigilancia para rastrear a las personas en línea incluso sin una orden judicial explícita o la colaboración del ISP. Sin embargo, dichas acciones son objeto de un riguroso análisis y deben cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad locales. Por ejemplo, en situaciones que involucran casos graves y amenazas creíbles, como aquellas relacionadas con la seguridad nacional o peligros inminentes, las autoridades policiales podrían potencialmente implementar medidas de seguimiento de direcciones IP después de la autorización legal adecuada o de consultar con expertos legales. Tenga en cuenta que las leyes difieren según la jurisdicción, por lo que los requisitos o limitaciones exactos de cómo la policía recupera las direcciones IP pueden variar de una región a otra.
